Un problema para los municipios: motos y autos abandonados

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Según publica La Voz del Interior, no hay cifras oficiales, pero cualquier estimación asombra: más de 10 mil motocicletas se acumularían en depósitos municipales o judiciales del interior provincial, en muchos casos en estado de abandono. La gran mayoría, aunque retiradas de la vía pública, no son reclamadas por sus dueños. Varios miles de autos se suman, sin destino.

En varias ciudades, los depósitos colapsan desde hace años. Para reducir ese volumen y a la vez recaudar recursos, algunos municipios decidieron rematar motos aptas para su uso o el resto a modo de chatarra.

La postal más conocida es la del predio provincial de Potrero del Estado, en Bouwer. Pero no es la única: se replica por cientos en todo el mapa cordobés.

Río Cuarto. Unas 1.200 motos están acumuladas en el depósito municipal, mientras más de 200 autos se están convirtiendo en chatarra. El nuevo gobierno municipal anunció que aplicará una “tarifa por estadía”, prevista por ordenanza para los vehículos demorados. Después del séptimo día en depósito, se les cobrará 125 pesos diarios a los autos y 65 a las motos que no sean retiradas. El depósito de motos de calle Sarmiento está colmado. Se presume que muchas no son reclamadas porque tienen problemas de documentación o numeración adulterada. Sólo en los últimos dos meses interceptaron 400. Juan Pablo De Biassi, director de Tránsito, comentó que recientemente se cedieron en comodato 20 motos a un colegio técnico, para dar clases prácticas. Respecto a los 208 autos en desuso que el municipio acumula en otro predio, se prevé compactarlos y venderlos.

Villa María. El municipio decidió alquilar un nuevo inmueble para contar con mayor espacio para depositar las motos que retira de circulación por infracciones. En el actual galpón, unos mil vehículos se amontonan y casi no queda lugar para caminar. Hay motos que llevan más de cinco años sin que nadie las reclame. Se explica que hay quienes desisten de pagar la multa, que en algunos casos supera el valor de las motos, y prefieren suscribir planes de pago para comprar nuevas. Cada tres meses, el municipio realiza subastas de 100 motos que suman años sin ser reclamadas. Las termina vendiendo a un promedio de 3.000 pesos cada una, con papeles regularizados. También se rematan lotes de aquellas que se encuentran en mal estado para aprovechar sus repuestos. Además, hay otro predio, bajo la órbita Judicial, donde se acumulan los vehículos secuestrados en choques, allanamientos y procedimientos policiales. Allí lucen abandonados, entre yuyos, a la intemperie.

San Francisco. El municipio tiene un corralón destinado a las motos que retira de circulación por estar en infracción. Actualmente, no luce desbordado. Meses atrás se hizo un remate que permitió reducir el stock y se prevé repetir otro en el corto plazo. Con las motos, desde el municipio aseguran que se agotan todas las instancias para que sus propietarios o tenedores las retiren.

Pero en San Francisco una ordenanza establece que, pasados seis meses sin que el dueño presente la documentación, el municipio queda habilitado para proceder al remate.

Río Tercero. En un abarrotado depósito judicial, al aire libre, reposan unas 900 motos, más autos y camionetas. “No se retiran porque no tienen documentación o porque están adulterados”, marcó el comisario José Botta. También se suman aquellos que fueron robados y el seguro ya pagó, o los siniestrados. Algunas pocos autos en posibilidad de uso se han donado a instituciones o a la Policía, mediante un acta que especifica que será sólo usado por esa entidad, sin chance de reventa.

Alta Gracia. Decenas de motocicletas incautadas por el municipio salieron a remate en tres subastas. En abril pasado, 49 motos en uso fueron subastadas con una base de 1.200 pesos. En 2014 y en 2015, hubo otras dos similares. Algunas unidades se pagaron hasta ocho mil pesos. Las motos para subastar, de variado tipo, son exhibidas antes y el día del remate, público y abierto, se liquidan al mejor postor. Han llegado a las subastas hasta interesados de otras localidades. El dinero recaudado se destina a mejorar la flota municipal. Hoy, más de 100 motos esperan destino en un patio de la vieja sede municipal y otras tantas en un predio alquilado con ese fin.

Jesús María. Para evitar la proliferación en las calles de autos incautados, el municipio cedió a la Policía una fracción del predio de su basural. Hoy, el amontonamiento de chatarra impresiona, a metros del río. Paralelamente, el municipio alquila un galpón para depositar las motos retenidas por operativos de sus inspectores. En la actualidad, suman unas 230 y se analiza imitar las experiencias de subastas aplicadas por otras ciudades.

Pueblos turísticos
El problema se agrava en sitios turísticos, que necesitan cuidar aún más su imagen.

Por ejemplo, en el patio de la comisaría de Santa Rosa de Calamuchita se acumulan 25 automóviles y un centenar de motos. En la de Villa General Belgrano, suman 15 autos y 67 motos, amontonadas en un espacio que queda cada vez resulta más chico.

“Hay, como en todos lados, una superpoblación de vehículos que se secuestran por distintos motivos y que, o se demoran, o no los retiran”, apuntó el comisario inspector Roberto Molina, jefe de la Departamental Calamuchita de la Policía.

Molina precisó que, según las últimas directivas recibidas, después de cinco años de permanecer sin ser retirados, ya pueden tramitar el traslado de los rodados al predio provincial de Potrero del Estado (en Bouwer). Un vez ahí, se procede a la compactación.

Remates como chatarra
Devoto decidió rematar como chatarra los vehículos en desuso, hace años abandonados. El intendente Daniel Peltzer indicó que recaudaron 314 mil pesos. El terreno que ocupaban generaba un gasto de 13 mil pesos mensuales de alquiler. “Además, los vecinos se quejaban por la chatarra y las plagas”, señaló.

Tras cinco años, a Potrero del Estado. Según el jefe de la Policía de Calamuchita, tras ese plazo pueden tramitar el traslado al predio provincial de Bouwer.

4/10/2016