Córdoba: Fallo judicial por declaración errónea en la importación de crucetas

360

La sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por los doctores Graciela Montesi, Ignacio Vélez Funes  y Eduardo Ávalos resolvió hacer lugar a un recurso de apelación presentado por la Dirección General de Aduanas y dejó sin efecto una resolución dictada por el juez federal Nº 2 de Córdoba, y en consecuencia, rechazó la demanda entablada por un desarmadero y casa de respuestos de Río Cuarto en contra de ese organismo.

El alto tribunal, dispuso asimismo condenar a la empresa actora al pago de una multa no automática de 48.335,84 pesos e intimó al pago de tributos arancelarios por 13.025,02 dólares, cuando el reclamo original del ente de contralor no llegaba a los 1.500 dólares.

El pronunciamiento fue conocido el lunes 26 de septiembre de 2016.

El caso se originó en 2009 cuando el mencionado negocio registró una solicitud de importación para el consumo de mercadería comprendida en la posición arancelaria 8708.99.90.920R, consistente en crucetas para automóviles de origen chino.

Tras la verificación física y documental, el servicio aduanero libró la mercadería a plaza. Pero luego se dispuso un sumario contencioso por diferencias en la declaración de la mercadería importada, lo cual “de haber pasado inadvertida podría haber producido un perjuicio fiscal”, consideró el tribunal de alzada.

En la autoliquidación de los tributos, la firma “escogió un régimen tributario incorrecto”, dijo la Cámara, de allí que, si bien debía tributar un derecho ad-valorem menor al declarado del 18% y no del 35%, “consignó erróneamente en la declaración que no correspondía la presentación del certificado de origen, evitando así tributar un derecho específico antidumping de U$S 10,97 por kilogramo de crucetas”.

Los datos incorrectos antes señalados “tipifican la infracción”, entendieron los camaristas. “La sanción impuesta resulta precedente frente a la concurrencia de los elementos objetivos requeridos”, explica el fallo.

Advierte que con la consustanciación del reclamo, la propia firma ofreció el pago de 1.452,41 dólares para resarcir dicha situación, pero insiste en que de haber pasado inadvertida la situación se hubiera producido un perjuicio al Estado.

En consecuencia, la Cámara Federal condenó a la accionante al pago de tributos por 13.025,02 dólares, más una multa de 48.335,84 pesos, cuando el reclamo original del ente de contralor no llegaba a los 1.500 dólares.