Rechazo total a la comercialización de motores de segunda mano

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Por Internet es intensa la oferta de motores usados.

Ante una nota publicada en La Voz, la cámara repuestera de Córdoba insiste en que todo vehículo declarado con destrucción total debe ser compactado.

Con relación a una completa nota periodística publicada este lunes por La Voz, la Cámara de Empresarios Repuestos Automotor y Afines de Córdoba – CERAC insiste en rechazar de plano que los vehículos siniestrados, pagados por las compañías de seguro bajo el concepto de destrucción total puedan ser desarmados y sus partes o conjuntos revendidos en el circuito comercial, como ocurre con el caso de los motores y cajas de transmisión.

La nota publicada en La Voz el 27/1/2020.

Nuestra entidad, con más de 70 años en la representación y defensa del sector repuestero de Córdoba, realiza por este medio un urgente llamado de atención a las autoridades para que se ponga fin de una vez por todas a esta desleal modalidad de comercialización ya que atenta contra la ley nacional 25.761 que establece las condiciones y cuáles son las piezas de segunda mano que son factibles de reventa.

CERAC reitera y defiende el criterio que los automóviles siniestrados que son objeto de la figura de destrucción total por parte de las aseguradoras, deben destinarse a ese fin, es decir, la compactación de la totalidad de la unidad.

Alertamos, asimismo, que bajo este tipo de figuras comerciales suelen solaparse además, actividades ilegales y con un alto costo para la sociedad, como el robo de automotores.

Desde el punto de vista económico, la reventa de vehículos destinados a destrucción total tiene consecuencias sobre la cadena de fabricación y venta de repuestos, sobre la recaudación tributaria de los distintos niveles del Estado (dado que muchas veces la etapa final se realiza en la más absoluta informalidad) y sobre el trabajo de cientos de personas en casas de repuestos y el circuito tallerista.

Por todo ello, una vez más, CERAC reclama a las autoridades que aplique la ley y que todo vehículo pagado por destrucción total por las aseguradoras sea compactado.